La jefe del Ministerio Público advierte que el retiro del BID sería “contraproducente y muy grave” para el desarrollo del proyecto, que es de carácter nacional.
- “Un eventual cambio de constructores y una posible cesión de la megaobra debe ser resultado de un profundo análisis y concertación entre las partes vinculadas con el proyecto, y así no poner en riesgo la seguridad energética de Colombia”: Procuradora.
- “Hago un llamado a la sensatez y a la mesura en las declaraciones a los medios de comunicación por parte de los actores involucrados. Solo mediante los voceros autorizados y con hechos concretos se deben comunicar las decisiones al país. No más desinformación”, recomendó la jefe del Ente de Control.
- Desde 2018, la Procuraduría ha realizado más de 40 actuaciones, tanto preventivas como intervenciones penales, y mantiene activas 6 investigaciones disciplinarias contra diferentes funcionarios, producto de informes, auditorías y quejas presentadas.
- En 2021, el Ministerio Público ha realizado 13 mesas de trabajo, intervenciones administrativas y visitas preventivas orientadas a garantizar los derechos de la población aledaña al proyecto y ubicada en la cercanía al río Cauca.
Bogotá, D.C, 23 de octubre de 2021 (@PGN_COL). Frente a la situación que se presenta en el proyecto de Hidroituango con el eventual retiro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cambio de contratistas, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, hace un llamado a la “sensatez” y “cordura” por parte de los actores involucrados, con el único fin de lograr que este proyecto de Nación llegue a buen término en beneficio de todos los colombianos.
La jefe del Ministerio Público advierte que el retiro del proyecto del BID sería “contraproducente y muy grave” para su desarrollo, que es de carácter nacional; por lo que pidió a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y a todos los intervinientes involucrados a llegar a consensos razonados, que lleven al mejor término el avance del proyecto hidroeléctrico más grande que tiene el país.
La Procuradora recuerda que Hidroituango representaría el 17% de la energía del territorio nacional, por lo que el análisis y decisión sobre cambios de constructores y cesión de las obras en este momento debe ser muy bien estudiada.
“Un eventual cambio de constructores y una posible cesión de la megaobra debe ser resultado de un profundo análisis y concertación entre las partes vinculadas con el proyecto, y así no poner en riesgo la seguridad energética de Colombia”, resalta la jefe del Ente de Control.
Por otra parte, la Procuradora hace un llamado “a la sensatez y a la mesura en las declaraciones y posturas que los actores involucrados realizan a través de los medios de comunicación. Solo mediante los voceros autorizados y con hechos concretos se deben comunicar las decisiones al país. No se debe caer en la desinformación”.
Acciones de la Procuraduría frente al caso de Hidroituango
La Procuraduría General de la Nación adelanta seis (6) investigaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en la vigilancia, planeación y control del proyecto.
En desarrollo de su función preventiva ha hecho seguimiento a las obras con anterioridad y posterioridad a la contingencia presentada el 30 de abril de 2018, cuando un desplome de terreno obstruyó la galería auxiliar de desviación.
Entre las actuaciones preventivas y de intervención, que suman más de 40, de las cuales 13 son de 2021, ha priorizado los encuentros con las comunidades y organizaciones sociales ante una posible vulneración de derechos; visitas técnicas; llamados enfáticos a mantener los comités departamentales de emergencia en Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, y a activar los de Cesar, Magdalena y Santander; requerimientos a la Junta Directiva de EPM sobre los aspectos corporativos y técnicos del proyecto de Hidroituango, y las recomendaciones relativas a disminuir los niveles de riesgo.
La Procuraduría continuará ejerciendo sus funciones preventivas, de intervención y disciplinarias con el único objetivo de velar por la protección de los recursos públicos, ambientales y los derechos de todos los colombianos.