El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Camilo Sánchez Ortega, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, firmaron el Decreto que permitirá aumentar las inversiones para garantizar la adecuada protección de las cuencas y fuentes de agua en Colombia.

La firma de la reglamentación que pasa ahora a sanción presidencial se llevó a cabo durante el vigésimo Congreso Nacional e Internacional de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones –Andesco–, que tiene como tema central el crecimiento verde, siendo esta una visión de desarrollo en el mundo.

Una vez la iniciativa obtenga la sanción presidencial, el Ministerio de Vivienda señalará el lapso en que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA–, deberá expedir la regulación necesaria para incorporar los costos y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios defina el mecanismo de inspección, vigilancia y control de los mismos.

La nueva norma adiciona costos tarifarios inferiores al 1%, y generará 20 veces más recursos que los que hoy en día destinan las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, para así asegurar la oferta de agua a largo plazo.

El Decreto implica que cada colombiano pagaría con su factura, por cada metro cúbico, un peso para la protección de las fuentes hídricas. Es decir, lo que pagaría en promedio la clase media son $100 pesos, en una factura de $140 mil pesos.

Adicionalmente, las inversiones que en el marco de este decreto se realicen en monitoreo de cuencas y fuentes abastecedoras de agua, serán coordinadas con el Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios Ambientales –IDEAM–. La información generada por dicho monitoreo deberá ser reportada por esta misma entidad.

Por último, el Ministro indicó que Colombia tiene que invertir cerca de $74 billones hasta el año 2030 para cumplir los compromisos de la Ocde, el club selecto de países que promueve de manera efectiva el uso de buenas prácticas públicas en materia social, política y económica.