La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Karen Abudinen Abuchaibe afirmó «La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes no es turismo, es un crimen y los criminales que los explotan sexualmente deben ser castigados con todo el peso de la ley”. Así lo manifestó la funcionaria durante el lanzamiento de la campaña Presente contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. En el marco del inicio de la campaña, recordó que la explotación constituye una vulneración infame a los derechos humanos que destruye los sueños y las vidas de los niños y niñas y solicitó sumar esfuerzos para erradicar esta forma de violencia.
Según los datos suministrado por la entidad entre 2016 y los primeros cinco meses del 2018, el ICBF abrió 688 procesos administrativos para restablecerle los derechos a las niñas, niños y adolescentes explotados sexualmente en el país, siendo Bogotá una de las regiones donde mayor número de casos se presentan con 145, seguido de Antioquia 112, Bolívar 56, Valle del Cauca 50, Atlántico 38, Córdoba 37, Caldas 32, Risaralda 31, Meta 21, Huila 19, Cundinamarca 18, Madalena 18, Tolima 16, Cesar 14, Boyacá 12, Amazonas y Nariño con 11 cada uno, Cauca y Quindío con 7 casos cada uno, Santander y Sucre con 6 casos cada uno, Caquetá y La Guajira con 5 casos cada uno, Guaviare y Norte de Santander con 3 casos por departamento, Chocó y Putumayo con 2 casos por departamento y un caso en Arauca.
Las niñas y las adolescentes mujeres son las que más padecen esta forma de violencia, el 85 % de los casos que el ICBF ha atendido entre 2016 y mayo de 2018, corresponde al sexo femenino. “Esta cifra demuestra los peligros a los que están sometidas nuestras niñas y adolescentes, para nosotros como ICBF es claro que la primera línea de protección es la familia”, afirmó la Directora General.
En la actualidad se trabaja desde el Comité Nacional Consultivo para la Prevención de la Explotación Sexual, liderado el ICBF, los ministerios de Trabajo, Mintic, Industria y Turismo. Además de la Policía Nacional, la Procuraduría General, UNICEF y la Fundación Renacer, en una mesa para la construcción de una política pública que articule esfuerzos en la prevención y erradicación de este delito.
