El proyecto de modernización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), presentado por el Gobierno Nacional tiene a varios sectores atentos del debate que se adelanta en las Comisiones Sextas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes.

Tras la polémica sucitada tras el mensaje de urgencia para que esta sea aprobada, más de 230 personas pertenecientes al sector audiovisual y cinematográfico, integrado por realizadores, productores, analistas, actores, guionistas, camarografos, sonidistas, cineastas, licenciados, comunicadores sociales y otros profesionales, firmaron una carta donde se advierte sobre las amenazas que trae para la televisión pública la Ley No.152, así se afirma en el comunicado:

La ley no sólo condena a las televisiones públicas a su desaparición, sino que se concentra en conectar tecnológicamente a los ciudadanos sin proporcionarles ningún contenido público y de calidad que los conecte con una visión amplia y diversa de la actualidad, la educación o la cultura. Condena a la audiencia al debilitamiento de su sentido crítico.

Así mismo, el proyecto de ley no incluye los ingresos de servicios en internet como Netflix, Youtube, Amazon etc, en el pago por el uso del espectro lo cual resulta absurdo si se tiene en cuenta que el eje fundamental de la ley es fortalecer una infraestructura que favorezca la difusión de los contenidos de dichas plataformas.

Nosotros los aquí firmantes, miembros del sector audiovisual y cinematográfico colombiano, sentimos la necesidad de expresar nuestra preocupación por el carácter urgente con el cual está siendo tramitado el proyecto de Ley 152, que algunos han llamado como la Ley TIC o Ley de Convergencias, y exponer las razones por las cuales consideramos que ésta representa una amenaza para la soberanía cultural y audiovisual del país, tal como parece comprobarse tras lo sucedido en días pasados cuando las emisiones en Señal Colombia del programa Los Puros Criollos fueron canceladas, por el nuevo gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), Juan Pablo Bieri, antiguo director de comunicaciones de la campaña del presidente Duque. Dicha cancelación se dio luego que el presentador del programa Santiago Rivas hiciera parte de un video del canal de youtube La Pulla, exponiendo las razones por las cuales es imperativo someter a una discusión sosegada y con participación de miembros de la industria audiovisual, la aprobación o derogación de la ley en cuestión.

A continuación exponemos las propuestas del Proyecto de Ley 152 sobre los cuales se fundamenta nuestra preocupación.

1. PÉRDIDA DE AUTONOMÍA PARA LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS. Se suprime la Autoridad Nacional de Televisión ,ANTV, una entidad autónoma, y se le otorgan sus funciones a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, entidad que estaría adscrita al Ministerio de las Telecomunicaciones. El proyecto advierte que los cinco miembros que conforman esta comisión serán escogidos o designados por el presidente de la República y propone que sean abogados, ingenieros o economistas. La falencia sobre este punto, salta a la vista.

2. PÉRDIDA DE SOBERANÍA SOBRE EL ESPECTRO La Ley admite la entrega del espectro electromagnético, es decir ese ciberespacio por el que circulan todas las ondas de que de una forma u otra nos comunican y que es propiedad de todos los colombianos, por periodos hasta de 20 años con posibilidad de prórrogas, depositando la potestad sobre dichas licencias al Ministerio de las Telecomunicaciones, entidad a todas luces sujeta al ejecutivo. Esta concentración de poder debilitará nuestra democracia y obligará a las televisiones públicas a responder a las necesidades particulares del gobierno de turno. No es en vano que el promedio de estas licencias en Latinoamérica está entre 10 y 15 años, pensando justamente en evitar la concentración de poder y el monopolio.

3. RIESGO DE DESFINANCIAMIENTO DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN PÚBLICA La ley no es clara frente a los montos que los cable operadores deberán destinar para el FONTV 

En otro de los apartes de la carta se advierte sobre las irregularidades que se vienen presentando y las malas prácticas que condenan a que los medios públicos desaparezcan

“Teniendo en cuenta que en el año 2017 los prestatarios de redes y servicios de telecomunicaciones solo le aportaron al FONTIC y al FONTV 1 billón 280 mil millones de pesos, en tanto facturaban 32,8 billones de pesos y que entre los años 2015 y 2017 desaparecieron 186 canales de televisión local y comunitaria, queda claro que la Ley no busca el fortalecimiento de los medios públicos, sino más bien acelerar su desaparición”. 

Todos los aquí firmantes solicitamos que:

1. El proyecto de Ley 152 tenga en cuenta al sector, que es no solo el directamente afectado sino quien conoce los pormenores de la situación actual de cada uno de los puntos mencionados.

2. Se respete y proteja la independencia de la televisión pública.

3. Se evalúe la Ley teniendo en cuenta la defensa de los contenidos de calidad que han hecho de nuestra televisión pública un referente a nivel mundial.